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Sí, se puede, ¿qué? (Qué se puede esperar de este gobierno y cómo actuar en consecuencia)
Ángeles Maestro
publicado en La Haine en enero de 2020
Tras el reciente espectáculo del debate de investidura en el que las tres extremas derechas capitaneadas por VOX han escenificado el esperpento más rancio del franquismo, la reacción esperada de buena parte del público fue la de un suspiro de alivio ante el riesgo de ser gobernados por semejantes energúmenos.
Probablemente, ese sea el mejor regalo que VOX ha hecho al nuevo Gobierno: una especie de 23F preventivo. Un escalofrío cargado de siniestros recuerdos que tenía la virtud – para los nuevos coaligados – de paralizar cualquier pensamiento crítico.
Una vez apagados los focos y acallados los gritos, la obcecada realidad vuelve a imponerse en la vida cotidiana de los millones de personas que nunca salieron de la crisis.
Los datos más recientes del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) muestran que la miseria extrema se extiende en el Estado español, que es la mayor en los últimos tres años y quie afecta a doce millones de personas, la cuarta parte de la población (1.). Además, más de la mitad de la población no llega a fin de mes, no compra regularmente carne o pescado o no puede encender la calefacción. Esta situación no es exclusiva de las personas desempleadas, sino que se ceba en quienes trabajan en condiciones de precariedad (que son la inmensa mayoría) o reciben pensiones míseras (9 millones de personas).
Si a ello añadimos la situación de las listas de espera en la sanidad pública, que llevan a una muerte perfectamente evitable a miles de personas, la degradación permanente de la enseñanza, la exclusión de las hijas e hijos de la clase obrera de la enseñanza superior o la clamorosa insuficiencia de los servicios sociales, tendremos un panorama que cabe calificar de emergencia social, en sentido estricto.
El recrudecimiento de la lucha de clases se aprecia en toda su dimensión cuando se relacionan estos datos:
La creación de riqueza por parte de la clase obrera ha crecido de forma importante: 200.000 millones de euros entre 2014 y 2019 (2.)
Los beneficios empresariales, según datos del Banco de España para 2018 revelan un incremento del 60% (3.)y que esto viene sucediendo de forma sostenida en los últimos seis años.
En este mismo periodo los salarios aumentaron nominalmente un mísero 1,5%, que en términos reales ha supuesto una pérdida de la capacidad adquisitiva de 133 euros al año (4.)
Y esta situación de emergencia social, de sobre-explotación escandalosa y de aumento desmesurado de las desigualdades sociales, ¿cómo pretende atajarla el Gobierno? No hay ninguna propuesta mínimamente seria; algún paño caliente y muy pequeño.
Sus palabras no dejan lugar a dudas. El pacto PSOE – Podemos se asienta estrictamente sobre los límites impuestos por la UE sobre reducción del déficit y de la deuda, tal y como señaló Pedro Sánchez tras el abrazo que abrió las puertas al gobierno de coalición. Las amenazas de la Comisión Europea llevan resonando con fuerza y alertando sobre los reiterados incumplimientos en materia de reducción del déficit y de la deuda y sobre la necesidad de adoptar «nuevas medidas compensatorias» para asegurar la sostenibilidad de las pensiones (5.).
El 1 de enero de 2020 entraron en vigor los artículos 11 y 13 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria (6.) que conminan a todas las administraciones públicas a hacer efectiva la reducción de la deuda al 60% del PIB – en el caso del Estado español alcanza el medio billón de euros – y a reducir el desfase presupuestario en más de 25.000 millones de euros.
El artículo 11.2 establece taxativamente: «Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural» y entiende como administraciones públicas, el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social.
La Ley, que desarrolla tanto el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro (2013), como la reforma del artículo 135 de la Constitución, propuesta por el gobierno Zapatero y aprobada en agosto de 2011 por el PSOE, PP y UN, conmina a hacer efectiva la prioridad absoluta al pago de los vencimientos de capital más los intereses. Cada año se dedica a tal efecto casi la mitad de los presupuesto generales del Estado, más del triple del gasto de toda la sanidad pública. Y esta escandalosa cantidad se paga a los grandes bancos, en virtud de una Deuda contraída mediante la masiva cesión de dinero público precisamente a esos mismos bancos que como se recordará se han negado a su devolución, sin que el Gobierno actual o los anteriores hayan movido un dedo para impedirlo.
Como viene alertando Red Roja (7.) desde que se aprobaron estas normas, este marco legislativo anula la soberanía efectiva de cualquier gobierno estatal, autonómico o municipal que no se atreva a enfrentarlo. Y no son palabras. La Ley 2/2012 establece graves y progresivas sanciones por los incumplimientos en las reducciones de déficit y deuda. El artículo 26.1 «Medidas de cumplimiento forzoso» (8.), establece que en caso de reiterados incumplimientos por parte de gobiernos autonómicos, se aplicará al infractor el famoso artículo 155 de la Constitución. A las corporaciones locales rebeldes se les aplicará el artículo 61 de la Ley de Régimen Local que prevé la disolución de sus órganos de gobierno… «por grave incumplimiento de sus obligaciones constitucionales» ,es decir, del artículo 135 de la Constitución.
¿Alguien oyó hablar de todo esto en los programas electorales o en el debate de investidura? Quienes hablan de los famosos 100 días de gracia del nuevo gobierno, preguntan acaso cómo se compatibilizarán los aumentos prometidos del gasto social con estas férreas medidas que fueron propuestas y aprobadas por el PSOE y que están en vigor desde el 1 de enero? Quiénes desde las bancadas de Podemos e Izquierda Unida o desde la puerta del Congreso, gritaban entre lágrimas, «Si, se puede», ¿a qué se referían? Sí, se puede, ¿qué?.
Quienes han recibido carteras ministeriales o altos cargos son perfectamente conscientes de que se su «relato» es mero ilusionismo y por tanto, la negación en esencia de cualquier «transparencia». Cuando los enviados de la famosa Troika (UE, BCE y FMI), los «hombres de negro», encargados de controlar las cuentas de todas las administraciones públicas exhiban su poder – amenazas, chantajes o sobornos mediante – y muestren para lo que vale la supuesta «soberanía popular», se cambiará rápidamente el iluso «Sí, se puede» por el «No se podía hacer otra cosa».
Es imprescindible no olvidar que los vientos de la recesión galopan y que siempre, desde los Pactos de la Moncloa, las crisis son el reiterado argumento para retrocesos sin fin en derechos y libertades, que sistemáticamente no se recuperan.
Y ésa es la gran trampa, la de Syriza en Grecia o la que aquí se prepara.
Pero si ya sabemos lo que nos espera, lo que sí se puede y es urgente, es preparar las luchas obreras y populares para enfrentar los mandatos de la Troika e imponer un objetivo tan humano y tan de sentido común como que las necesidades vitales de las personas son – esas sí – prioridad absoluta, frente al pago a la gran banca, otra vez, de lo que ya nos han robado.
Ésa es nuestra tarea. Quiénes ocupan cargos de gobierno y van a comprobar el estrechísimo margen que les conceden los poderes reales, tienen la posibilidad de abandonar espejismos y ocupar su lugar en la dura batalla que se vislumbra. Lo que no se puede tolerar es que, en aras de la gobernabilidad, utilicen el pequeño poder que han alcanzado, que no les sirve para enfrentar a los poderes reales, pero sí les puede dar para intentar debilitar, confundir y dividir el movimiento popular. Y esas maniobras han emergido ya en el movimiento de pensionistas, cuando los nuevos altos cargos aún no han tenido tiempo de calentar el sillón, con el objetivo de abortar el apoyo en todos los territorios del Estado a la Huelga General convocada para el 30 de enero en el País Vasco, en defensa de las pensiones públicas.
Esas artimañas se repiten con cada gobierno «progresista» desde la Transición. Lo bueno de haber asistido a tantas «ilusiones» es nos sabemos la trama de la película y no vamos a esperar impasibles a que los grandes poderes cumplan sus objetivos por partida doble: porque sus medidas contra la clase obrera se hagan efectivas y porque destrocen las organizaciones populares.
Ángeles Maestro
publicado en La Haine en enero de 2020
Tras el reciente espectáculo del debate de investidura en el que las tres extremas derechas capitaneadas por VOX han escenificado el esperpento más rancio del franquismo, la reacción esperada de buena parte del público fue la de un suspiro de alivio ante el riesgo de ser gobernados por semejantes energúmenos.
Probablemente, ese sea el mejor regalo que VOX ha hecho al nuevo Gobierno: una especie de 23F preventivo. Un escalofrío cargado de siniestros recuerdos que tenía la virtud – para los nuevos coaligados – de paralizar cualquier pensamiento crítico.
Una vez apagados los focos y acallados los gritos, la obcecada realidad vuelve a imponerse en la vida cotidiana de los millones de personas que nunca salieron de la crisis.
Los datos más recientes del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social (2019) muestran que la miseria extrema se extiende en el Estado español, que es la mayor en los últimos tres años y quie afecta a doce millones de personas, la cuarta parte de la población (1.). Además, más de la mitad de la población no llega a fin de mes, no compra regularmente carne o pescado o no puede encender la calefacción. Esta situación no es exclusiva de las personas desempleadas, sino que se ceba en quienes trabajan en condiciones de precariedad (que son la inmensa mayoría) o reciben pensiones míseras (9 millones de personas).
Si a ello añadimos la situación de las listas de espera en la sanidad pública, que llevan a una muerte perfectamente evitable a miles de personas, la degradación permanente de la enseñanza, la exclusión de las hijas e hijos de la clase obrera de la enseñanza superior o la clamorosa insuficiencia de los servicios sociales, tendremos un panorama que cabe calificar de emergencia social, en sentido estricto.
El recrudecimiento de la lucha de clases se aprecia en toda su dimensión cuando se relacionan estos datos:
La creación de riqueza por parte de la clase obrera ha crecido de forma importante: 200.000 millones de euros entre 2014 y 2019 (2.)
Los beneficios empresariales, según datos del Banco de España para 2018 revelan un incremento del 60% (3.)y que esto viene sucediendo de forma sostenida en los últimos seis años.
En este mismo periodo los salarios aumentaron nominalmente un mísero 1,5%, que en términos reales ha supuesto una pérdida de la capacidad adquisitiva de 133 euros al año (4.)
Y esta situación de emergencia social, de sobre-explotación escandalosa y de aumento desmesurado de las desigualdades sociales, ¿cómo pretende atajarla el Gobierno? No hay ninguna propuesta mínimamente seria; algún paño caliente y muy pequeño.
Sus palabras no dejan lugar a dudas. El pacto PSOE – Podemos se asienta estrictamente sobre los límites impuestos por la UE sobre reducción del déficit y de la deuda, tal y como señaló Pedro Sánchez tras el abrazo que abrió las puertas al gobierno de coalición. Las amenazas de la Comisión Europea llevan resonando con fuerza y alertando sobre los reiterados incumplimientos en materia de reducción del déficit y de la deuda y sobre la necesidad de adoptar «nuevas medidas compensatorias» para asegurar la sostenibilidad de las pensiones (5.).
El 1 de enero de 2020 entraron en vigor los artículos 11 y 13 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria (6.) que conminan a todas las administraciones públicas a hacer efectiva la reducción de la deuda al 60% del PIB – en el caso del Estado español alcanza el medio billón de euros – y a reducir el desfase presupuestario en más de 25.000 millones de euros.
El artículo 11.2 establece taxativamente: «Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural» y entiende como administraciones públicas, el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social.
La Ley, que desarrolla tanto el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro (2013), como la reforma del artículo 135 de la Constitución, propuesta por el gobierno Zapatero y aprobada en agosto de 2011 por el PSOE, PP y UN, conmina a hacer efectiva la prioridad absoluta al pago de los vencimientos de capital más los intereses. Cada año se dedica a tal efecto casi la mitad de los presupuesto generales del Estado, más del triple del gasto de toda la sanidad pública. Y esta escandalosa cantidad se paga a los grandes bancos, en virtud de una Deuda contraída mediante la masiva cesión de dinero público precisamente a esos mismos bancos que como se recordará se han negado a su devolución, sin que el Gobierno actual o los anteriores hayan movido un dedo para impedirlo.
Como viene alertando Red Roja (7.) desde que se aprobaron estas normas, este marco legislativo anula la soberanía efectiva de cualquier gobierno estatal, autonómico o municipal que no se atreva a enfrentarlo. Y no son palabras. La Ley 2/2012 establece graves y progresivas sanciones por los incumplimientos en las reducciones de déficit y deuda. El artículo 26.1 «Medidas de cumplimiento forzoso» (8.), establece que en caso de reiterados incumplimientos por parte de gobiernos autonómicos, se aplicará al infractor el famoso artículo 155 de la Constitución. A las corporaciones locales rebeldes se les aplicará el artículo 61 de la Ley de Régimen Local que prevé la disolución de sus órganos de gobierno… «por grave incumplimiento de sus obligaciones constitucionales» ,es decir, del artículo 135 de la Constitución.
¿Alguien oyó hablar de todo esto en los programas electorales o en el debate de investidura? Quienes hablan de los famosos 100 días de gracia del nuevo gobierno, preguntan acaso cómo se compatibilizarán los aumentos prometidos del gasto social con estas férreas medidas que fueron propuestas y aprobadas por el PSOE y que están en vigor desde el 1 de enero? Quiénes desde las bancadas de Podemos e Izquierda Unida o desde la puerta del Congreso, gritaban entre lágrimas, «Si, se puede», ¿a qué se referían? Sí, se puede, ¿qué?.
Quienes han recibido carteras ministeriales o altos cargos son perfectamente conscientes de que se su «relato» es mero ilusionismo y por tanto, la negación en esencia de cualquier «transparencia». Cuando los enviados de la famosa Troika (UE, BCE y FMI), los «hombres de negro», encargados de controlar las cuentas de todas las administraciones públicas exhiban su poder – amenazas, chantajes o sobornos mediante – y muestren para lo que vale la supuesta «soberanía popular», se cambiará rápidamente el iluso «Sí, se puede» por el «No se podía hacer otra cosa».
Es imprescindible no olvidar que los vientos de la recesión galopan y que siempre, desde los Pactos de la Moncloa, las crisis son el reiterado argumento para retrocesos sin fin en derechos y libertades, que sistemáticamente no se recuperan.
Y ésa es la gran trampa, la de Syriza en Grecia o la que aquí se prepara.
Pero si ya sabemos lo que nos espera, lo que sí se puede y es urgente, es preparar las luchas obreras y populares para enfrentar los mandatos de la Troika e imponer un objetivo tan humano y tan de sentido común como que las necesidades vitales de las personas son – esas sí – prioridad absoluta, frente al pago a la gran banca, otra vez, de lo que ya nos han robado.
Ésa es nuestra tarea. Quiénes ocupan cargos de gobierno y van a comprobar el estrechísimo margen que les conceden los poderes reales, tienen la posibilidad de abandonar espejismos y ocupar su lugar en la dura batalla que se vislumbra. Lo que no se puede tolerar es que, en aras de la gobernabilidad, utilicen el pequeño poder que han alcanzado, que no les sirve para enfrentar a los poderes reales, pero sí les puede dar para intentar debilitar, confundir y dividir el movimiento popular. Y esas maniobras han emergido ya en el movimiento de pensionistas, cuando los nuevos altos cargos aún no han tenido tiempo de calentar el sillón, con el objetivo de abortar el apoyo en todos los territorios del Estado a la Huelga General convocada para el 30 de enero en el País Vasco, en defensa de las pensiones públicas.
Esas artimañas se repiten con cada gobierno «progresista» desde la Transición. Lo bueno de haber asistido a tantas «ilusiones» es nos sabemos la trama de la película y no vamos a esperar impasibles a que los grandes poderes cumplan sus objetivos por partida doble: porque sus medidas contra la clase obrera se hagan efectivas y porque destrocen las organizaciones populares.
