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Estados Unidos. Un país sin cobertura sanitaria.Una introducción al sistema de salud de la potencia del Norte
artículo de Luciano Andrés Valencia
Canarias semanal - diciembre de 2018
artículo de Luciano Andrés Valencia
Canarias semanal - diciembre de 2018
En los últimos años se han propuesto en varios países latinoamericanos reformas regresivas de los sistemas de salud, inspirados en el modelo estadounidense. Esto llevaría a que la salud dejara de ser vista como un derecho humano fundamental para pasar a ser considerada una simple mercancía, que no estaría al alcance de muchos sectores de la población. Por ello es necesario conocer el funcionamiento del sistema de salud de los Estados Unidos y los peligros que traería su implementación en nuestros países.
El sistema de salud estadounidense es uno de los más avanzados del mundo en lo que respecta a dispersión, tecnología y formación profesional. Podemos encontrar clínicas y hospitales en todas partes, incluso en las zonas rurales y áreas más remotas del país. La mayoría de estos hospitales son privados, aunque cuentan con subsidios de los gobiernos locales y estatales. En otros casos figuran como “asociaciones sin fines de lucro”, a pesar de estar afiliadas a grandes corporaciones médicas. Los centros de salud disponen de equipos de alta tecnología, medicamentos y personal profesional con altos niveles de formación. En 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó al sistema estadounidense como el 1º en capacidad de respuesta, pero 37º en respuesta global. En 2004 se invirtió en investigación biomédica tres veces más dinero que cualquier país de Europa[i]. El Instituto Nacional de Salud (National Health Institute, NHI) también ofrece subsidios para la investigación en el área.
Pero al mismo tiempo es uno de los sistemas más caros del mundo. Se calcula que en el 2013 se gastó un promedio de 8000 dólares anuales por habitante en atención de la salud. Por entonces Luxemburgo gastaba 4000 dólares anuales por habitantes y Gran Bretaña -que la OMS considera el mejor sistema del mundo- solo destinaba 3600 por habitante[ii]. Además es casi el doble de lo que se gastaba en 1998, que estaba calculado en 4178 dólares por habitante, cuando el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) era de 1783 dólares[iii]. Es decir que los costos de la salud en los Estados Unidos no solo superan a los de otros países, sino que se van incrementando.
Al igual que la mayoría de los países, el sistema de salud de los Estados Unidos es mixto, existiendo seguros de salud públicos y privados. Lo que lo diferencia es el predominio del sector privado sobre el público y la inexistencia de una cobertura universal de salud. En 2011 el 49% de la población estadounidense recibía un seguro médico privado por medio de su empleador, el 5% tenía un seguro médico contratado de manera independiente, el 13% estaba cubierto bajo el programa Medicare, el 18% bajo Medicaid, y 16% no gozaba de ningún seguro de salud, dejando a 50 millones de personas sin cobertura. Dado los altos costos de la salud en Estados Unidos, la mayoría de las personas sin cobertura no pueden pagar los tratamientos más costosos, por lo que deben prescindir de ellos poniendo en riesgo su vida y su bienestar, o debiendo acceder a otras formas de atención (automedicación, curanderismo, profesionales sin licencia).
En marzo de 2010 se aprobó la Ley de Protección del Paciente y Cuidado Asequible de la Salud, popularmente conocida como Obamacare. Duramente resistida en el Congreso por legisladores del Partido Republicano que la acusaban de ser una “medida socialista”, esta ley no afecta la estructura del sistema de salud estadounidense. La ley obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos estadounidenses a contratar un seguro médico bajo pena de multa fiscal, aporta subsidios a quienes lo necesiten para pagarlo, prohíbe negar la cobertura a personas con una “condición médica preexistente”, amplia los mínimos que debe cubrir el seguro médico ofrecido por las empresas y limita el encarecimiento exigiendo a las aseguradoras que justifiquen públicamente el aumento de precios[iv]. En 2012 la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley y comenzó a ser aplicada en la mayoría de los Estados. Esto permitió reducir a 27 millones el número de personas sin cobertura, lo que representa un avance pero aún es insuficiente. Actualmente el gobierno de Donald Trump propone una contrareforma que podría volver a elevar a 50 millones el número de personas sin cobertura para el año 2026[v].
Dentro de los seguros públicos tenemos el Medicare, el Medicaid y otros programas patrocinados por el Estado Federal. Estos fueron creados durante la presidencia del demócrata Lyndon Jhonson a partir de la Ley de Seguridad Social de 1965, y se financia mediante impuestos establecidos por la Ley de Contribuciones de Seguro y la Ley de Contribuciones de Empleo por Cuenta Propia de 1954. Los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) dependen del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS), y su función es administrar los programas Medicare, Medicaid, el Programa de Seguro de Salud Estatal para Niños, y los Mandatos para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos. Junto con los Departamentos de Trabajo y Hacienda, el CMS también aplica las disposiciones de la reforma del seguro de acuerdo a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud de 1996. La Administración del Seguro Social es responsable de determinar la elegibilidad de Medicare y el procesamiento de pagos de primas para el programa Medicare[vi].
Medicare cubre a personas mayores de 65 años y a personas jóvenes con discapacidades que necesiten tratamiento debido a patologías graves como el cáncer o la insuficiencia renal. La mayoría de la población adulta mayor de los Estados Unidos goza de este servicio. Medicare cuenta con cuatro partes: A) Seguro hospitalario: que cubre la internación por una noche con servicio de habitación semi-privada, comida, pruebas y honorarios médicas, y ocasionalmente puede cubrir estancias breves por convalecencia; B) Seguro Médico: que cubre los servicios ambulatorios no incluidos en la parte A; C) Medicare Advange: que permite recibir los servicios de Medicare mediante aseguradoras privadas; y D) Planes de Medicamentos recetados: incluido en 2006 que permite el acceso de medicamentos a las personas cubiertas por las partes A y B.
Medicaid cubre a las familias de bajos recursos económicos. Están protegidos bajo ley federal las mujeres embarazadas, niños/as, adultos/as mayores, personas con discapacidad y padres/madres de familia que califican bajo los estándares de pobreza del país. Las condiciones impuestas para para poder presentar este “certificado de pobreza” son tales que miles de personas que cuentan con sus necesidades básicas insatisfechas no clasifican para este seguro.
Existe también el programa S-CHIP que ofrece ayuda financiera para aquellas familias que ganan más del límite para calificar a la ayuda de Medicaid pero no lo suficiente para obtener un seguro médico privado. La Veteran´s Administration (VA) también cuenta con un plan de salud para veteranos de guerra[vii].
Sin embargo, estos programas no son suficientes para asegurar el acceso universal a la salud y la cobertura de todos los servicios. Medicare no cubre medicina preventiva, odontología y oftalmología. Medicaid y S-CHIP son constantemente rechazados por los proveedores privados de salud porque su tasa de reembolso o recupero financiero es muy baja.
El sector privado tampoco está exento de inconvenientes. Hay dos formas de obtener un seguro médico privado: por medio del empleador o contratarlo de manera individual. La primera es la más común. La segunda presenta grandes dificultades ya que las empresas pueden negar la cobertura basándose en el estado de salud de la persona o en condiciones preexistentes. En la película Sicko (2007) de Michael Moore, un ex empleado de una empresa de seguro de salud le cuenta al director que podría empapelar completamente una oficina con la cantidad de hojas necesarias para enumerar el listado de enfermedades preexistentes que esa empresa no cubría. En esa misma película se relata el caso de un joven padre que necesitaba una operación de páncreas para salvar su vida y la aseguradora Humana se negaba a costearla por estar en el listado de los servicios que no estaban incluidos. Solo tras una acción de protesta televisada en la puerta de una de sus filiales lograron que pagara los costos de la intervención y que se salvara la vida de este hombre. La reforma de Obama puso algunos límites a esta situación, pero no ha desaparecido completamente.
Como podemos ver, tener un servicio de salud privado no te asegura el acceso total a la salud, además de los peligros que supone dejar un derecho humano como es la salud en manos de un sector que no busca el bienestar general sino la ganancia económica, aun a costa de la vida y bienestar de sus afiliados. Si a esto sumamos los requisitos impuestos para clasificar a un plan estatal, explica por qué existen millones de personas sin cobertura de salud en la principal potencia mundial.
Otra cuestión preocupante es la gran cantidad de personas que quedan en bancarrota luego de sufrir un accidente o de necesitar un tratamiento médico prolongado, debido a los costos de salud. En el 2012 el 46% de las personas que quedaron en situación de pobreza se habían endeudado para pagar gastos médicos[viii]. Los hospitales y clínicas médicas suelen quedarse con las viviendas, vehículos o negocios de las personas que no pueden pagar los tratamientos.
Además es el único de los países desarrollados en los que el sector privado supera al público en la atención de la salud, y que no cuenta con atención gratuita ni siquiera en los hospitales públicos o de gestión gubernamental.
Estas situaciones que acabamos de describir parecen más propias de un país pobre o en vías de desarrollo y no de una superpotencia que tiene uno de los mayores ingresos por habitante del mundo. De los países de la OCDE, Estados Unidos es el mayor porcentaje de su PBI destina a salud (16% en 2017), pero al mismo tiempo ocupa el puesto número 30 en mortalidad materna, solo superado por México. Entre 1999 y 2015 se produjo un incremento de la tasa en un 56% pasando de 16,9 a 24,7 muertes cada 100 mil embarazadas[ix]. También son preocupantes los aumentos en las altas tasas de mortalidad y de mortalidad infantil en los últimos años.
Actualmente algunos gobiernos latinoamericanos han propuesto reformas a los sistemas de salud que suponen la pérdida de derechos que el pueblo ha conquistado con sus luchas. El proyecto (mal llamado) de Cobertura Universal de Salud (CUS) y la degradación del Ministerio de Salud a la condición de Subsecretaría por parte del gobierno de Mauricio Macri en Argentina es un ejemplo en este sentido. De triunfar estas medidas nuestros sistemas de salud se parecerían cada vez al de los Estados Unidos, con las terribles consecuencias que ello traería. Por ello es que debemos estar alertas para defender la salud pública como un derecho humano fundamental.
El sistema de salud estadounidense es uno de los más avanzados del mundo en lo que respecta a dispersión, tecnología y formación profesional. Podemos encontrar clínicas y hospitales en todas partes, incluso en las zonas rurales y áreas más remotas del país. La mayoría de estos hospitales son privados, aunque cuentan con subsidios de los gobiernos locales y estatales. En otros casos figuran como “asociaciones sin fines de lucro”, a pesar de estar afiliadas a grandes corporaciones médicas. Los centros de salud disponen de equipos de alta tecnología, medicamentos y personal profesional con altos niveles de formación. En 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó al sistema estadounidense como el 1º en capacidad de respuesta, pero 37º en respuesta global. En 2004 se invirtió en investigación biomédica tres veces más dinero que cualquier país de Europa[i]. El Instituto Nacional de Salud (National Health Institute, NHI) también ofrece subsidios para la investigación en el área.
Pero al mismo tiempo es uno de los sistemas más caros del mundo. Se calcula que en el 2013 se gastó un promedio de 8000 dólares anuales por habitante en atención de la salud. Por entonces Luxemburgo gastaba 4000 dólares anuales por habitantes y Gran Bretaña -que la OMS considera el mejor sistema del mundo- solo destinaba 3600 por habitante[ii]. Además es casi el doble de lo que se gastaba en 1998, que estaba calculado en 4178 dólares por habitante, cuando el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) era de 1783 dólares[iii]. Es decir que los costos de la salud en los Estados Unidos no solo superan a los de otros países, sino que se van incrementando.
Al igual que la mayoría de los países, el sistema de salud de los Estados Unidos es mixto, existiendo seguros de salud públicos y privados. Lo que lo diferencia es el predominio del sector privado sobre el público y la inexistencia de una cobertura universal de salud. En 2011 el 49% de la población estadounidense recibía un seguro médico privado por medio de su empleador, el 5% tenía un seguro médico contratado de manera independiente, el 13% estaba cubierto bajo el programa Medicare, el 18% bajo Medicaid, y 16% no gozaba de ningún seguro de salud, dejando a 50 millones de personas sin cobertura. Dado los altos costos de la salud en Estados Unidos, la mayoría de las personas sin cobertura no pueden pagar los tratamientos más costosos, por lo que deben prescindir de ellos poniendo en riesgo su vida y su bienestar, o debiendo acceder a otras formas de atención (automedicación, curanderismo, profesionales sin licencia).
En marzo de 2010 se aprobó la Ley de Protección del Paciente y Cuidado Asequible de la Salud, popularmente conocida como Obamacare. Duramente resistida en el Congreso por legisladores del Partido Republicano que la acusaban de ser una “medida socialista”, esta ley no afecta la estructura del sistema de salud estadounidense. La ley obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos estadounidenses a contratar un seguro médico bajo pena de multa fiscal, aporta subsidios a quienes lo necesiten para pagarlo, prohíbe negar la cobertura a personas con una “condición médica preexistente”, amplia los mínimos que debe cubrir el seguro médico ofrecido por las empresas y limita el encarecimiento exigiendo a las aseguradoras que justifiquen públicamente el aumento de precios[iv]. En 2012 la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley y comenzó a ser aplicada en la mayoría de los Estados. Esto permitió reducir a 27 millones el número de personas sin cobertura, lo que representa un avance pero aún es insuficiente. Actualmente el gobierno de Donald Trump propone una contrareforma que podría volver a elevar a 50 millones el número de personas sin cobertura para el año 2026[v].
Dentro de los seguros públicos tenemos el Medicare, el Medicaid y otros programas patrocinados por el Estado Federal. Estos fueron creados durante la presidencia del demócrata Lyndon Jhonson a partir de la Ley de Seguridad Social de 1965, y se financia mediante impuestos establecidos por la Ley de Contribuciones de Seguro y la Ley de Contribuciones de Empleo por Cuenta Propia de 1954. Los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) dependen del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS), y su función es administrar los programas Medicare, Medicaid, el Programa de Seguro de Salud Estatal para Niños, y los Mandatos para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos. Junto con los Departamentos de Trabajo y Hacienda, el CMS también aplica las disposiciones de la reforma del seguro de acuerdo a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud de 1996. La Administración del Seguro Social es responsable de determinar la elegibilidad de Medicare y el procesamiento de pagos de primas para el programa Medicare[vi].
Medicare cubre a personas mayores de 65 años y a personas jóvenes con discapacidades que necesiten tratamiento debido a patologías graves como el cáncer o la insuficiencia renal. La mayoría de la población adulta mayor de los Estados Unidos goza de este servicio. Medicare cuenta con cuatro partes: A) Seguro hospitalario: que cubre la internación por una noche con servicio de habitación semi-privada, comida, pruebas y honorarios médicas, y ocasionalmente puede cubrir estancias breves por convalecencia; B) Seguro Médico: que cubre los servicios ambulatorios no incluidos en la parte A; C) Medicare Advange: que permite recibir los servicios de Medicare mediante aseguradoras privadas; y D) Planes de Medicamentos recetados: incluido en 2006 que permite el acceso de medicamentos a las personas cubiertas por las partes A y B.
Medicaid cubre a las familias de bajos recursos económicos. Están protegidos bajo ley federal las mujeres embarazadas, niños/as, adultos/as mayores, personas con discapacidad y padres/madres de familia que califican bajo los estándares de pobreza del país. Las condiciones impuestas para para poder presentar este “certificado de pobreza” son tales que miles de personas que cuentan con sus necesidades básicas insatisfechas no clasifican para este seguro.
Existe también el programa S-CHIP que ofrece ayuda financiera para aquellas familias que ganan más del límite para calificar a la ayuda de Medicaid pero no lo suficiente para obtener un seguro médico privado. La Veteran´s Administration (VA) también cuenta con un plan de salud para veteranos de guerra[vii].
Sin embargo, estos programas no son suficientes para asegurar el acceso universal a la salud y la cobertura de todos los servicios. Medicare no cubre medicina preventiva, odontología y oftalmología. Medicaid y S-CHIP son constantemente rechazados por los proveedores privados de salud porque su tasa de reembolso o recupero financiero es muy baja.
El sector privado tampoco está exento de inconvenientes. Hay dos formas de obtener un seguro médico privado: por medio del empleador o contratarlo de manera individual. La primera es la más común. La segunda presenta grandes dificultades ya que las empresas pueden negar la cobertura basándose en el estado de salud de la persona o en condiciones preexistentes. En la película Sicko (2007) de Michael Moore, un ex empleado de una empresa de seguro de salud le cuenta al director que podría empapelar completamente una oficina con la cantidad de hojas necesarias para enumerar el listado de enfermedades preexistentes que esa empresa no cubría. En esa misma película se relata el caso de un joven padre que necesitaba una operación de páncreas para salvar su vida y la aseguradora Humana se negaba a costearla por estar en el listado de los servicios que no estaban incluidos. Solo tras una acción de protesta televisada en la puerta de una de sus filiales lograron que pagara los costos de la intervención y que se salvara la vida de este hombre. La reforma de Obama puso algunos límites a esta situación, pero no ha desaparecido completamente.
Como podemos ver, tener un servicio de salud privado no te asegura el acceso total a la salud, además de los peligros que supone dejar un derecho humano como es la salud en manos de un sector que no busca el bienestar general sino la ganancia económica, aun a costa de la vida y bienestar de sus afiliados. Si a esto sumamos los requisitos impuestos para clasificar a un plan estatal, explica por qué existen millones de personas sin cobertura de salud en la principal potencia mundial.
Otra cuestión preocupante es la gran cantidad de personas que quedan en bancarrota luego de sufrir un accidente o de necesitar un tratamiento médico prolongado, debido a los costos de salud. En el 2012 el 46% de las personas que quedaron en situación de pobreza se habían endeudado para pagar gastos médicos[viii]. Los hospitales y clínicas médicas suelen quedarse con las viviendas, vehículos o negocios de las personas que no pueden pagar los tratamientos.
Además es el único de los países desarrollados en los que el sector privado supera al público en la atención de la salud, y que no cuenta con atención gratuita ni siquiera en los hospitales públicos o de gestión gubernamental.
Estas situaciones que acabamos de describir parecen más propias de un país pobre o en vías de desarrollo y no de una superpotencia que tiene uno de los mayores ingresos por habitante del mundo. De los países de la OCDE, Estados Unidos es el mayor porcentaje de su PBI destina a salud (16% en 2017), pero al mismo tiempo ocupa el puesto número 30 en mortalidad materna, solo superado por México. Entre 1999 y 2015 se produjo un incremento de la tasa en un 56% pasando de 16,9 a 24,7 muertes cada 100 mil embarazadas[ix]. También son preocupantes los aumentos en las altas tasas de mortalidad y de mortalidad infantil en los últimos años.
Actualmente algunos gobiernos latinoamericanos han propuesto reformas a los sistemas de salud que suponen la pérdida de derechos que el pueblo ha conquistado con sus luchas. El proyecto (mal llamado) de Cobertura Universal de Salud (CUS) y la degradación del Ministerio de Salud a la condición de Subsecretaría por parte del gobierno de Mauricio Macri en Argentina es un ejemplo en este sentido. De triunfar estas medidas nuestros sistemas de salud se parecerían cada vez al de los Estados Unidos, con las terribles consecuencias que ello traería. Por ello es que debemos estar alertas para defender la salud pública como un derecho humano fundamental.
